Notiese. El mes de marzo cerró con la promulgación de una “ley más estricta y más dura” en contra de las personas LGBT en Senegal, pues tras varias semanas de debate, el presidente, Bassirou Diomaye Faye, firmó el martes pasado una enmienda a las leyes penales a fin de endurecer las penas, hasta por 10 años de prisión, a quien cometa actos sexuales con personas de su mismo sexo o a quien promocione la homosexualidad.

A principio de marzo, la iniciativa fue votada por el parlamento senegalés con 135 votos a favor, tres abstenciones y ningún voto en contra, en medio de una serie de arrestos masivos en contra de personas acusadas de cometer "actos contra natura”. De acuerdo con un conteo realizado por organizaciones de la sociedad civil, se detuvieron a, por lo menos, 30 personas, entre ellas, Pape Cheikh Diallo, un conocido presentador de televisión, y a Djiby Dramé, popular músico.

Cabe recordar que esta reforma a la ley fue una promesa de campaña del hoy presidente de Senegal, la cual establece que no es necesaria una prueba concreta para poder culpar a una persona de alguno de los dos delitos, además de multas económicas de hasta 10 millones de francos locales. La pena máxima de 10 años de prisión se otorgará a quien cometa “actos de homosexualidad” con menores de edad, y de tres a siete años a quienes hagan “propaganda homosexual”.

El caso de Ghana

A dos años de haberlo intentado por primera vez, el Parlamento de Ghana está intentando nuevamente aprobar el 'Proyecto de Ley de Derechos Sexuales Humanos y Valores Familiares, una legislación que criminalizaría a las personas LGBT+ y a cualquiera que las apoye.

La propuesta estipula que se imponga una sanción de hasta tres años de prisión a quienes se identifiquen como personas LGBT; una pena de cinco a 10 años por promover derechos LGBT+ u ofrecer servicios de apoyo; prohíbe brindar atención médica a quienes deseen llevar a cabo un proceso de reasignación sexo genérica o a quienes tengan relaciones con personas de su mismo sexo, así como impartir educación de corte inclusivo; criminaliza el apoyo, financiamiento y activismo tanto en ámbitos físicos como digitales, y obliga a la ciudadanía a reportar a individuos sospechosos de ser LGBT.

De acuerdo con organizaciones de la sociedad civil del país africano, en el último año, la violencia y discriminación contra personas LGBT en Ghana ha aumentado, alimentadas por retórica de odio de políticos y líderes religiosos. Muchas personas ya han perdido empleos, hogares e incluso el apoyo familiar, simplemente por ser ellas mismas.

En 2024, el entonces presidente Nana Akufo-Addo se negó a firmar la promulgación de la iniciativa al considerar que representaba un retroceso en materia de derechos humanos, sin embargo, el mandatario actual, John Dramani Mahama, ha externado abiertamente su apoyo a la ley.

Portugal

A lo largo de marzo, diversas fracciones del Parlamento portugués, asociadas públicamente con la derecha, han incorporado una serie de iniciativas para limitar el alcance de los derechos contemplados en la Ley Trans de 2018, que abrió las puertas al reconocimiento de los derechos de las personas transexuales y transgénero en el país ibérico.

Entre los aspectos que se desean modificar están el prohibir a las personas menores trans el acceso cualquier tipo de terapia de afirmación de género y no permitirles el cambio de su identidad legal hasta el cumplimiento de la mayoría de edad. En el caso de las personas adultas trans, el acotamiento de la posibilidad de realizar un proceso de rectificación de documentación legal sólo para personas nacidas en Portugal, además de solicitarles un diagnóstico de “incongruencia de género” previo a transicionar, para poder otorgarles la posibilidad de cambio de su identidad.

Por el momento, la propuesta fue enviada a la Comisión Parlamentaria de Derechos y Libertades de la Asamblea portuguesa, para su análisis, y en caso de ser aprobada, regresará para ser debatida en el Parlamento.

Entre tanto, se contempla la presentación de otras propuestas como el limitar que las personas trans puedan usar baños públicos o, en el caso de las mujeres trans, restringir su participación en competiciones deportivas o ser ingresadas en cárceles de mujeres. Además de la prohibición de la colocación de banderas asociadas a los colectivos LGBT en los edificios públicos.

Tribunal Europeo protege los derechos trans

A mediados de marzo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avaló el derecho de las personas trans a que su género sea reconocido conforme a su identidad autopercibida en sus documentos oficiales en todos los Estados miembro del conglomerado de naciones europeas.

En una sentencia, publicada el 12 de marzo pasado, el TJUE dio la razón a una mujer trans que había pedido, sin éxito, a Bulgaria, su país natal, que actualizara sus datos en el registro civil conforme a su identidad social.

La corte argumentó su fallo con base en el derecho de los ciudadanos europeos a circular y residir libremente en otro Estado miembro.

El caso derivó de una persona nacida en Bulgaria que fue inscrita en el Registro Civil en el momento de su nacimiento como una persona de sexo masculino, pero que solicita el cambio tras cumplir en el país en que reside, Italia, el proceso para cambiar de sexo.