La claridez de sus ojos se diluye con la del cielo de la capital de Chihuahua, donde no se asoma ni una nube ni algún otro elemento contaminante del celeste del paisaje, conjuntado con montañas y suelos áridos, un escenario que Jesús Rodríguez no esperaba volver a ver, pero que, tras casi cuatro años de espera, volvió a él, en medio de una mezcla de sentimientos, de dolor y de alivio, pues en este espacio fue asesinada su hija Mireya en 2020, y en el mismo, estaba aprehendido, una vez más, el autor intelectual del terrible crimen.

“La vida no es la misma”, reitera en una charla este hombre de complexión mediana, orgulloso portador de sombrero y botas, acompañado de su hijo, quien recuerda cómo Mireya, activista trans de la entidad, solía ir a visitarlo a su hogar, en Ciudad Juárez, cada cumpleaños, Navidad o Año Nuevo, para cocinarle y hacerle pasar unos días agradables. Además de recibir una constante ayuda de su parte, pues él dejo de trabajar, pero enfermó de sus pulmones.

A pesar de sus pocas palabras y de su enfermedad, no ha dejado de luchar para que el culpable del crimen en contra de su hija sea sancionado por las autoridades, aunque estas mismas lo habían liberado, pues considera que ella no merecía un final así.

Los hechos

La madrugada del miércoles 2 de septiembre de 2020 fue hallado al interior de su vivienda, el cuerpo sin vida de Mireya, defensora de derechos humanos de la diversidad sexual, en específico de las poblaciones transexuales y transgénero, tras haberse reportado su ausencia durante varios días en espacios donde solía acudir de manera cotidiana a ejercer el trabajo sexual y a brindar apoyo a otras trabajadoras sexuales.

De acuerdo con testimonios de quienes la conocían, ella dejó de ser vista el sábado 29 de agosto, por lo que acudieron a su domicilio a buscarla. El 2 de septiembre, al llegar al lugar, no pudieron ingresar de manera inmediata debido a que estaba cerrado por la puerta de herrería que resguardaba una puerta de madera, está última semiabierta, que permitía ver hacia adentro del inmueble, pero una vez que lo lograron se percataron de la presencia del cadáver de la víctima con signos de violencia, en la sala del domicilio.

Nueve días después, la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua (FGJCH), a través de su área de derechos humanos, presentó a Iván Arturo González Palma como presunto culpable de los sucesos, tras identificarlo como quien robó y vendió el auto de la víctima un día después de su muerte violenta, pero también por haber encontrado en su domicilio ropa con sangre, incluido un par de tenis, cuyas huellas fueron detectadas en el área de los hechos. Además de haber dado positivo en las pruebas de grafología al cotejar una supuesta carta escrita por la víctima.

En total, a lo largo de más de 18 meses de investigación, la Fiscalía chihuahuense recaudó más de 70 pruebas en contra del inculpado, pero estas no fueron suficientes para mantenerlo en prisión, sino por el contrario, pocas horas después de que el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua dictó sentencia, fue liberado.

El juez que presidió el tribunal estatal ante el que se llevó el proceso judicial consideró que una prueba en contra del acusado no era contundente, a pesar de que la Fiscalía presentó decenas de pruebas que corroboraban su participación en el asesinato de Mireya.

El caso de Mireya Rodríguez Lemus es icónico por ser el primer asesinato de una mujer trans que fue investigado y judicializado en la unidad de Defensores de Derechos Humanos y Desaparición Forzada de la FGJCH, debido al activismo que ella desarrollaba, además de haber sido clasificado como homicidio agravado por razón de género, reconociendo la identidad de género de la víctima.

Apelaciones

Ante la sentencia absolutoria del victimario, la propia Fiscalía y la representación legal de Mireya y su familia, presentaron un recurso de apelación, obteniendo una revocación de la resolución. Sin embargo, la abogada pública que llevaba la defensa del victimario interpuso un amparo en contra de la revocación a fin de que su defendido no volviera a pisar la cárcel.

Dicho amparo fue revisado por varias instancias hasta que, casi tres años después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo deshechó por improcedente. Esta acción permitió que se pudiera volver a aprehender al victimario y se volviera a llevar a cabo una audiencia para determinar su situación legal. Esta tuvo lugar el pasado 7 de abril, y en ella participó una de las juezas que conformó el jurado original, en 2021. En esta ocasión, se revisaron las sanciones correspondientes por homicidio agravado por razón de género y por robo con penalidad agravado, pues, en ningún momento, el imputado había sido declarado inocente por la comisión de dichos delitos.

En alguna parte de este proceso, don Jesús pidió la palabra para recordar a los jueces que con todo lo ocurrido su estado de salud se había agravado y que había tenido que tocar muchas puertas para que por fin el culpable pudiera estar otra vez tras las rejas.

El resultado de la audiencia fue la imposición de una pena de 34 años y seis meses de prisión para Iván Arturo, treinta y un años por el delito de homicidio agravado por razón de género y tres años y seis meses por el de robo, además de una reparación del daño material, la garantía de atención psicológica para don Jesús y el reconocimiento del daño moral provocado hacia él ante los sucesos.

Relevancia

Por su parte, la abogada que ha acompañado a la familia, Laura Hernández García, del área de derechos humanos y litigio estratégico de Letra S, indicó que el caso es icónico por ser el primer asesinato de una mujer trans que fue investigado y judicializado en la unidad de Defensores de Derechos Humanos y Desaparición Forzada de la FGJCH, debido a las actividades que desarrollaba Mireya, además de haber sido clasificado como homicidio agravado por razón de género, reconociendo la identidad de género de la víctima.

Al respecto, aclaró que no pudo ser clasificado como feminicidio, debido a que la tipificación de dicho delito en Chihuahua ocurrió hasta octubre de 2020, pero se dio un gran paso con el reconocimiento otorgado por la fiscalía, debido a que, en muchos otros casos de asesinatos motivados por prejuicio en contra de mujeres trans, no se les reconoce su identidad de mujer ni tampoco se da el reconocimiento a su familia social, como víctimas indirectas.

Además, resaltó que parte de los argumentos presentados por la Fiscalía respondieron a un análisis del contexto social de Mireya, elaborado por el equipo de derechos humanos y litigio estratégico de Letra S, y a la incorporación de una perspectiva interseccional que se requería para comprender su vulnerabilidad debido a que era mujer trans, trabajadora sexual y defensora de derechos humanos. Una serie de categorías sociales que ponían en riesgo su integridad en muchos momentos.

Parte de los argumentos presentados por la Fiscalía respondieron a un análisis del contexto social de Mireya y a la incorporación de una perspectiva interseccional para comprender su vulnerabilidad debido a que era mujer trans, trabajadora sexual y defensora de derechos humanos.

A pesar del avance, advirtió que aún no se logra una conformidad con la sentencia y la reparación de los daños establecidos en esta, debido a que no se repone una vida con cierta cantidad económica, “pues consideramos que es parcial e injusta por lo que, en conjunto con la Fiscalía del estado, se presentara la apelación correspondiente debido a que la sentencia fue insuficiente ante la magnitud de los hechos y del daño provocado a la familia de Mireya”.

Don Jesús espera no tener que volver nunca más a la capital chihuahuense, pues confía en que por fin se hizo justicia para su hija, quien fue fundadora de Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses A. C.; integrante del Consultorio Virtual Arturo Díaz Betancourt e impulsora y organizadora de los primeros Encuentros Estatales de Mujeres Trans en Chihuahua, y quien logró que se emitiera la recomendación 58/2016 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua para reconocer los derechos humanos de las mujeres trans y de las trabajadoras sexuales, así como el programa “Acceso integral a la salud y bienestar para las personas trabajadoras sexuales del municipio de Chihuahua”.

A diferencia de muchos otros casos de asesinatos de mujeres trans, o de otros integrantes de las poblaciones LGBTIQ+, en los que las familias deciden no dar seguimiento al mismo o las autoridades se niegan a reconocer que el prejuicio derivado de la orientación sexual o la identidad o expresión de género, en el caso de Mireya, el acompañamiento de la familia fue crucial para lograr las sanciones correspondientes.