“Mejorar la calidad educativa” fue el argumento principal dado por José Osbaldo Santillán Gómez, diputado del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una iniciativa de reforma a la Ley de Educación del Estado de Durango con el objetivo de evitar el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas de la entidad del centro-norte del país.

Durante el anuncio de la iniciativa, llevado a cabo en abril pasado, el legislador argumentó que “hablar de educación de calidad implica necesariamente hablar de claridad, precisión y corrección en el uso del idioma” y precisó que su propuesta no responde a una cuestión ideológica, sino técnica, pues “busca fortalecer el uso normativo del español con base en reglas gramaticales, ortográficas y sintácticas generalmente aceptadas, conforme a criterios reconocidos por instituciones como la Real Academia Española”.

De acuerdo con la iniciativa, se deben llevar a cabo “políticas, programas y acciones orientadas al fortalecimiento de las competencias comunicativas del alumnado, privilegiando la coherencia discursiva, la estructura lógica del lenguaje, la comprensión lectora y la expresión oral y escrita” de acuerdo a lo dictado por organismos como la Real Academia de la Lengua.

Además de quedar prohibido, “el uso de formas lingüísticas que contravengan las reglas gramaticales del idioma español en la elaboración de documentos oficiales, materiales educativos y comunicaciones institucionales del sistema educativo estatal, debiendo privilegiarse en todo momento el uso de estructuras lingüísticas normativas, claras y precisas, a efecto de evitar ambigüedades en la interpretación y aplicación de los contenidos educativos y disposiciones jurídicas”.

Al respecto, el secretario de educación de la entidad, Guillermo Adame, declaró a los medios de comunicación que a él “no le gusta el lenguaje inclusivo porque destruye en mucho la gramática tradicional” y lo calificó como “una moda” que “distorsiona el lenguaje”.

Primeros pasos en retroceso

En octubre de 2025, el Congreso de Chihuahua aprobó una modificación al artículo 8 de la Ley Estatal de Educación con la finalidad de añadir a las atribuciones de la autoridad escolar, la de fomentar el uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del idioma español.

La iniciativa, presentada por el diputado Carlos Olson San Vicente del Partido Acción Nacional, fue respaldada por argumentos como que “el lenguaje es inclusivo sin necesidad de tergiversar la lengua, ni de agregar complejidad a la comprensión y fluidez lectora” o “cualquier imposición en cómo usar la lengua es un acto autoritario".

Durante la sesión ordinaria en la que se aprobó la modificación y convirtió a Chihuahua en la primera entidad en legislar en la materia, el diputado argumentó que la etapa de educación básica “es fundamental para preservar la riqueza y unidad” del español, y destacó que el idioma representa no solo un medio de comunicación, sino un vehículo de identidad cultural, historia y pensamiento. Por lo que consideró que una educación enfocada en la gramática y la ortografía permite a los alumnos expresarse “con precisión y comprensión tanto de manera oral como escrita”.

Meses después, denunció que el Gobierno Federal presentó una controversia constitucional al respecto, y señaló que esta acción exhibe una grave distorsión de prioridades por parte del mismo, “al destinar recursos legales para frenar decisiones educativas estatales, mientras el país enfrenta violencia, inseguridad y una profunda crisis en el sistema educativo”.

Sobre la situación, añadió en conferencia de prensa, que “el fondo del problema no es la educación, es la ideología. Lo que les molesta es que en Chihuahua no se permita el adoctrinamiento ni la imposición del llamado lenguaje inclusivo en las aulas. Con los niños no se experimenta. La escuela no es un laboratorio ideológico. La educación debe formar, no confundir”.

Legisladores y legisladoras se oponen al lenguaje inclusivo, argumentando que no los mueve una cuestión ideológica, sino técnica, pues buscan fortalecer el uso normativo del español y la aplicación de las reglas gramaticales, ortográficas y sintácticas.

A comienzo de 2026, con dieciséis votos a favor, siete en contra y tres abstenciones, el Congreso de Aguascalientes aprobó una iniciativa similar, presentada por las y los legisladores de la bancada de Acción Nacional, con el propósito de añadir una fracción al artículo 13 de la ley estatal de educación, para establecer que la enseñanza del español en las escuelas públicas respete las reglas gramaticales reconocidas por la Real Academia Española y la Academia Mexicana de la Lengua.

“En todos los niveles y modalidades educativas, como parte del fortalecimiento de la comprensión lectora, la escritura y la comunicación efectiva de los educandos”, expuso en tribuna en aquel momento la diputada Lucía de León Ursúa, para aclarar que la reforma pretende evitar la confusión en el aprendizaje del español, debido al uso incorrecto o informal del mismo que podría ser utilizado por algunos docentes durante la enseñanza.

En torno a la expresión de la igualdad en el lenguaje, argumentó que la iniciativa “…no impide el uso de un lenguaje respetuoso de la igualdad entre mujeres y hombres y de otras diversidades; por el contrario, orienta a que dicho lenguaje se construya desde el conocimiento y manejo correcto de la lengua”.

Debate encendido

Recientemente, Concepción Company Company, directora adjunta de la Academia Mexicana de la Lengua, a propósito de la conmemoración de los 150 años de fundación del organismo, señaló ante los medios de comunicación que el lenguaje incluyente está en una fase de experimentación morfológica, “y habrá que dejar que el tiempo hable para ver si queda o no queda. Si queda, por supuesto las gramáticas, las ortografías, los diccionarios lo van a recoger; si no queda, pues habrá sido un experimento”.

Sin embargo, años antes, la también integrante de El Colegio Nacional, llegó a expresar que este era “artificial y peligroso”, debido a que, en primer lugar, aún no era una realidad en todas las facetas de la lengua y la gramática, y con respecto al peligro, lo calificó así porque “opaca problemas de fondo” relacionados con las violencias hacia las mujeres.

Por su parte, la Real Academia Española ha señalado que “no se avanza en la consecución de la igualdad democrática de hombres y mujeres forzando de manera artificial la gramática y el léxico de la lengua española, sino arbitrando medidas legislativas que conduzcan a la equiparación de derechos”.

En contraparte, la Organización de las Naciones Unidas ha definido a este lenguaje como “una manera de expresarse oralmente y por escrito sin discriminar a un sexo, género social o identidad de género en particular y sin perpetuar estereotipos de género” y una herramienta “ para promover la igualdad y combatir los prejuicios”.

La UNAM, a través del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, publicó el Antimanual de la lengua española para un lenguaje no sexista, el cual explica que “la forma en que hablamos y escribimos está marcada por un sesgo masculino que ha sido excluyente en todas sus formas, en este sentido, (el lenguaje inclusivo) busca incidir en la transformación del lenguaje para que incluya a más seres humanos y, de este modo, borrar la marca falocéntrica que conlleva el hablar en clave masculina”.

A partir de los cambios a algunas leyes de educación local, la Unión Nacional de Padres de Familia ha expresado su beneplácito, al considerar que protegen a la infancia de una "inclusión forzada e ideologizada".

Experiencias internacionales

Uno de los primeros países del mundo donde se prohibió el uso del lenguaje incluyente en las escuelas fue Francia, pues en 2021, el ministerio de Educación emitió una circular, válida hasta el día de hoy, en la que se expone que esta variante lingüística "constituye un obstáculo para la lectura y la comprensión de la escritura".

En América Latina, la primera nación donde se debatió el tema fue en Brasil, donde, desde 2020, durante la administración de Jair Bolsonaro se publicó un decreto en la materia y varios estados de la nación establecieron prohibiciones al respecto. La Corte Suprema brasileña vetó estas negativas, pero, en 2025, el presidente en turno, Lula da Silva, dio su visto bueno a una iniciativa similar, vigente hasta hoy.

Desde hace cuatro años entró en vigor una prohibición similar en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, y de manera subsecuente, en otras provincias de Argentina.

En el caso de El Salvador, el ministro de Educación, José Mauricio Pineda, anunció la eliminación del lenguaje inclusivo de todas las guías, libros y materiales educativos en las escuelas públicas. Mientras que el presidente de la nación centroamericana, Nayib Bukele, señaló en su momento que “la ideología de género no será parte de las escuelas públicas y que son los padres los que informen y decidan sobre la educación de sus hijos”.

En 2024, en Perú se aprobó una medida similar para “eliminar el incorrecto uso del lenguaje inclusivo en textos escolares y documentos públicos” como respuesta a los bajos resultados obtenidos por la nación en las pruebas de evaluación educativa y para evitar “un mayor retraso en la formación de la niñez y la adolescencia peruanas”, advirtió en comunicado de prensa el Congreso local.

En junio pasado, en Chile, se aprobó una reforma para prohibir el uso de este tipo de lenguaje en los espacios administrados por el gobierno, incluidas las escuelas, a fin de promover el uso de un idioma con claridad y sin ideologías.

Flanco abierto

A partir de los cambios a algunas leyes de educación local, la Unión Nacional de Padres de Familia ha externado su beneplácito por las medidas al señalar que con ellas, se contribuye a la “formación integral de los estudiantes y el rescate de la dignidad de la persona promoviendo el respeto a las reglas gramaticales del español en los contenidos escolares del sistema educativo estatal, evitando el uso de expresiones que distorsionan el lenguaje bajo el argumento de una inclusión forzada e ideologizada”.

La misma Unión, en ciclos escolares pasados, en concreto, el de 2023 – 2024, promovió amparos para que en varias entidades de la República Mexicana no se entregarán los libros de texto gratuitos, elaborados por la Secretaría de Educación Pública, debido a que en sus redacciones se utilizaban palabras como “todes” y “elles”. Los estados en los que no se repartieron en aquella ocasión los libros fueron Coahuila, Chihuahua, Jalisco, Nuevo León, y Yucatán.

Si bien para este próximo ciclo escolar no se vislumbra alguna acción similar, en definitiva, las reformas a las leyes de educación estatales para negar el uso del lenguaje incluyente en las escuelas son una realidad latente.