Notiese. A una década del transfeminicidio de Paola Buenrostro, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) reportó la aprehensión Arturo “N”, señalado como probable responsable de su asesinato, después de buscarlo en diferentes partes de la capital mexicana y estados aledaños, tras haber sido liberado a pesar de haber sido detenido en flagrancia tras la comisión del delito.

La detención ocurrió en la colonia El Tráfico, del municipio mexiquense de Nicolás Romero, donde los agentes finalmente lo localizaron y lo aprehendieron tras una estrategia de búsqueda iniciada en 2023, cuando la propia FGJCDMX emitió una alerta para boletinarlo y ofrecer una recompensa por algún dato sobre su paradero. Algunas de las entidades donde se llevó a cabo su seguimiento fueron la capital mexicana, el Estado de México y Baja California.

Los hechos

Paola Buenrostro, quien se dedicaba al trabajo sexual, fue asesinada la madrugada del 30 de septiembre de 2016 en la avenida Puente de Alvarado, luego de abordar el vehículo de Arturo “N”, quien había contratado sus servicios. Minutos después, Paola pidió auxilio a sus compañeras y se escucharon dos disparos.

Sus compañeras se acercaron al automóvil y encontraron a Paola inconsciente en el asiento del copiloto, mientras el ahora imputado tenía un arma de fuego en la mano. Ella murió a consecuencia de los disparos.

Este caso fue el primero reconocido como transfeminicidio por la entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, después de la intervención de la organización civil Letra S, por conducto de la abogada Laura Hernández García, quien solicitó la emisión de una recomendación en la materia a fin de que las diligencias fueran llevadas a cabo con perspectiva de género.

En dicha recomendación, la 02/2019, el organismo documentó deficiencias en la investigación inicial, falta de reconocimiento de la identidad de género de Paola y la victimización secundaria sufrida por una de sus compañeras. En ese momento, las autoridades no la reconocieron como integrante de la familia social ni como víctima indirecta, lo que limitó su derecho a conocer y participar en la investigación.

La Fiscalía capitalina aceptó la recomendación y en 2021 ofreció una disculpa pública a la memoria de Paola y a su familia social, sumada a la del gobierno capitalino de cambiar de nombre a la calle donde fue asesinada por el suyo como un acto de memoria.

La exigencia de justicia de sus allegados y la movilización de organizaciones y colectivas trans también contribuyeron a la reforma conocida como Ley Paola Buenrostro, mediante la cual el transfeminicidio fue incorporado al Código Penal de la Ciudad de México en 2024.

Polémica

A pesar de que las activistas acompañantes del caso, entre ellas Kenia Cuevas, han exigido la reclasificación del delito, el proceso se inició por el delito de homicidio, conforme al marco jurídico aplicable en 2016, cuando las causales para acreditar el feminicidio eran más restrictivas y no existía aún el delito de transfeminicidio. Por ello, la orden de aprehensión obtenida ese mismo año fue por homicidio, razón por la cual se llevó la primera audiencia, celebrada el 1 de septiembre, por dicho delito.

En comunicado de prensa, la Fiscalía aclaró que la posibilidad de reclasificar a feminicidio o transfeminicidio en etapas posteriores queda abierta. Lo anterior, bajo la premisa de que la diferencia entre una acusación por homicidio y una por feminicidio no está en reconocer o no la identidad, sino en determinar si se actualizan los supuestos legales que permiten acreditar que la agresión ocurrió por su condición de mujer.

Por su parte, Kenya Cuevas, amiga de Paola y presidenta de Casa de Muñecas Tiresias, señaló que su amiga fue identificada como hombre durante la audiencia inicial, y explicó, ante los medios de comunicación, que "llegaron ante una jueza diciendo mi nombre masculino en todo momento, el que tenía antes de mi cambio de identidad, el nombre masculino de Paola y de todas las testigas, refiriéndose a trabajadores sexuales". Además, cuestionó que la Fiscalía persista con las omisiones, a pesar de que durante diez años han "construido lineamientos, protocolos, manuales, leyes, en conjunto con ellas".

VIH en adolescentes de México

A pesar de ser un sector clave en la respuesta al VIH, las poblaciones adolescentes no son incluidas del todo en las estrategias de salud pública, señaló Alicia Piñeirúa, investigadora del proyecto Vínculo Seguro, con incidencia en este sector poblacional en varios estados de la República Mexicana durante el evento de evaluación de un año del proyecto.

De acuerdo con la especialista, se ha observado que las personas adolescentes con VIH presentaban, en su mayoría, un menor nivel educativo con respecto a la media nacional; suelen no ser dependientes económicos, por lo que están fuera de su hogar de origen; en otros casos, pertenecen a hogares de escasos recursos; sus parejas sexuales presentan una diferencia de edad de 10 años o más, y en gran proporción, son hijas o hijos de madres adolescentes.

Asimismo, hay una reticencia a realizarse una prueba de VIH a pesar de haber tenido prácticas sexuales de riesgo, y hay un aumento de cifras de nuevas infecciones de VIH y de sífilis.