Notiese. Tras un análisis de los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, recabados durante septiembre, se mostró que la criminalización del aborto persiste pese a su despenalización en los códigos penales de 25 entidades de la República Mexicana. Así lo señalaron organizaciones de la sociedad civil con motivo del 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro.

De acuerdo con estas cifras, entre 2015 y agosto de 2026, la Ciudad de México tenía abiertas mil 711 carpetas de investigación por este motivo; el Estado de México, mil 465 registros, y Nuevo León, mil 265 carpetas. El total nacional es de cuatro mil 441 carpetas de investigación.

Estos datos se presentan a pesar de que, en la capital y el Estado de México, la interrupción voluntaria del embarazo está despenalizada hasta las 12 semanas y 6 días de gestación, mientras que Nuevo León es una de las entidades, junto con Durango, Guanajuato, Morelos, Querétaro, Sonora y Tamaulipas, que continúan penalizando esta práctica.

A través de un comunicado de prensa, el Grupo de Información en Reproducción Elegida refirió que los casos de Durango y de Morelos son muy particulares debido a que sus congresos se han negado a realizar las modificaciones correspondientes a sus códigos penales.

Casos particulares

En Durango, el aborto continúa tipificado como un delito. El Código Penal estatal establece penas de uno a cinco años de prisión cuando el aborto se realiza con consentimiento de la persona gestante y contempla sanciones adicionales para el personal médico que participe. Se mantienen algunas excluyentes de responsabilidad, como cuando el embarazo es producto de una violación o si hay peligro de muerte.

Desde 2018 se han presentado al menos tres iniciativas para despenalizar el aborto en la entidad, incluso, en 2021 una propuesta ciudadana reunió más de siete mil firmas y fue aprobada en comisiones, pero no consiguió los votos necesarios para consolidarse en 2022.

Sin embargo, la situación jurídica del estado cambió con una resolución judicial emitida en julio de 2025, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito declaró inconstitucionales las disposiciones que prohibían el aborto de manera absoluta y ordenó al Congreso local derogarlas, acción que no ha realizado hasta el día de hoy.

En Morelos existe una resolución judicial que ordena eliminar la penalización, pero el Congreso local todavía no ha modificado el Código Penal. En octubre de 2024, un Juzgado de Distrito declaró inconstitucionales las disposiciones que prohibían de manera absoluta el aborto y ordenó al Congreso derogarlas. Pero, al igual que en Durango, el legislativo no ha llevado a cabo acciones al respecto.

Postura federal

A propósito de la efeméride, la titular del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum Pardo, comentó que la despenalización del aborto corresponde a los congresos de las entidades federativas y recordó que en 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la criminalización absoluta del aborto es inconstitucional.

Por esto último, enfatizó que corresponde a cada entidad adecuar su legislación y señaló que la mayoría de los estados ya lo ha hecho.,

Por su parte, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva presentó la edición 2026 del Lineamiento Técnico para la atención del aborto seguro en México, con criterios para ampliar la capacidad de los servicios, eliminar barreras administrativas y asegurar una atención sin revictimización para mujeres, niñas, adolescentes y personas con posibilidad de gestar.

Al respecto, la Secretaría de Salud indicó que la actualización plantea una etapa de implementación que requiere capacitación, insumos, adopción de los nuevos criterios en las unidades médicas y seguimiento de resultados. También fija criterios comunes para las instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud, entre estas IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE y Petróleos Mexicanos, con el fin de facilitar la articulación entre dependencias y entidades federativas.

El documento identifica barreras vinculadas con la edad, discapacidad, origen étnico, condiciones económicas, identidad de género, movilidad o desplazamiento forzado y experiencias de violencia. Incluye atención prioritaria para personas menores de 15 años, comunidades indígenas y afromexicanas, personas con discapacidad y población LGBTQIA+.

Antirretroviral semestral estará disponible

Tras dos años y medio de evaluación de un protocolo clínico, La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) otorgó el registro sanitario al medicamento Lenacapavir, indicado para la profilaxis preexposición (PrEP) contra el VIH.

Con esta autorización, México se suma a los países que cuentan con esta alternativa para la prevención de VIH, entre ellos Brasil, Estados Unidos y países miembros de la Unión Europea.

En 2025, la Organización Mundial de la Salud sugirió la administración inyectable de lenacapavir, dos veces al año, como opción de PrEP para VIH.

Esta medida contará con el respaldo de la Organización Panamericana de la Salud, que recientemente anunció que hay un acuerdo entre el organismo y el laboratorio farmacéutico dueño de la patente para adquirir el antirretroviral inyectable a través de los Fondos Rotatorios Regionales de la OPS, sujeto a los procesos regulatorios y programáticos nacionales que correspondan.