Un saldo negativo y el peor escenario de violencia que impacta en la vida y seguridad de las mujeres es el legado que deja Enrique Peña Nieto (EPN) al concluir su sexenio. Las políticas públicas e instancias encargadas de prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres, han sido ineficientes y sin perspectiva de género. Aunado a ello, las procuradurías o fiscalías en lugar de garantizar el acceso a la justicia, la obstruyen. Son “negligentes y omisas”, como lo reconoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la sentencia de Mariana Lima, emitida en marzo de 2015.

La violencia de género afectó a las mujeres tanto en el ámbito privado como en el público. Nos enfrentamos a contextos comunitarios de alta criminalidad donde somos consideradas mercancía, botín de guerra. Aunado a ello, la impunidad es imperante, lo que hace permisible la prevalencia, incremento y agudización de este problema.

En materia de violencia sexual la situación es preocupante. De acuerdo con la Secretaría de Salud, durante 2017, solo 89 mujeres accedieron a servicios de aborto por violación, lo que contrasta con los casi 600 mil reportes de delitos sexuales al año, en los que nueve de cada diez víctimas, son mujeres. Cabe destacar que las mujeres víctimas de violencia sexual no recibieron una atención integral; por el contrario, en la mayoría de los casos se les criminalizó al negarles el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo. Un factor más es el recrudecimiento de los obstáculos por la actuación de grupos antiderechos que se empeñan en impedir cualquier avance que tenga que ver con la igualdad sustantiva de las mujeres.

Otra preocupación que deja el sexenio de EPN, es la militarización de la seguridad pública como política destinada al combate de la violencia. En los últimos años se incrementaron las violaciones a derechos humanos, como la tortura sexual y desaparición forzada de mujeres.

Los feminicidios en México siguen siendo un flagelo. De acuerdo con datos recabados por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, el 40% de las víctimas de feminicidio de 2014 a 2017, tenían entre 21 y 30 años de edad, y en el 70% de los casos, las mujeres fueron asesinadas en el ámbito público. Las causas de muerte documentadas fueron: golpes, estrangulamiento, asfixia, quemaduras, envenenamiento, mutilación, agresiones con armas de fuego, entre otras.

Si bien durante el gobierno de EPN se logró la investigación y la declaratoria de 17 Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG), éstas no tuvieron el impacto esperado debido a que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) no quiso corregir y fortalecer el Mecanismo, a pesar de las propuestas hechas por las propias organizaciones de la sociedad civil expertas en la materia.

Hoy estamos frente a un contexto grave señalado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) de la ONU en su novena evaluación, al cuestionar al Estado mexicano, por el incumplimiento de varias de las recomendaciones reiteradas en las evaluaciones recientes y a pesar de las cuales, la situación de violencia es cada vez más grave.
Como OCNF, reconocemos que el nuevo gobierno se enfrentará a un contexto como nunca antes en la historia de México, por lo que se requiere de una acción urgente y responsable, con una ruta clara que permita evaluar los impactos de las medidas que implemente para erradicar la violencia contra las mujeres.