El 8 de marzo miles de mujeres en el país salimos a las calles para denunciar la violencia que enfrentamos en diversos espacios. El 9 de marzo paramos para visibilizar las desigualdades que afrontamos y para invitar a la reflexión sobre el trabajo y los aportes que hacemos en todas las esferas. Hoy, la crisis generada por el COVID-19 vuelve a poner en evidencia esas múltiples desigualdades. Durante la cuarentena, el trabajo en el hogar y el cuidado de hijas e hijos que no van a la escuela, así como de personas mayores y enfermas, recaerá desproporcionadamente en las mujeres; de igual forma, la saturación del sistema sanitario limitará más la posibilidad de que las mujeres accedan a servicios de salud sexual y reproductiva, y a servicios de salud mental. El aislamiento social colocará a muchas mujeres en un riesgo alto de vivir violencia al cohabitar por largos periodos con sus agresores, limitando el acceso a sus redes de apoyo y la posibilidad de realizar denuncias.

De por sí el rostro de la violencia contra las mujeres en México es grave. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante los primeros dos meses de 2020 se denunciaron 33,645 delitos de violencia familiar y se cometieron 632 asesinatos de mujeres, de los cuales 166 se investigan como feminicidio. Ante la contingencia, es fundamental que no se disminuyan las acciones para atender y sancionar la violencia contra las mujeres y las niñas; y que se fortalezca la perspectiva de género en las medidas que los gobiernos federal y estatales están impulsando para la mitigación del COVID-19.

En ese sentido, desde Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) hacemos un llamado para que se incorporen las acciones propuestas por el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) para la prevención y atención de la violencia de género:

1. Establecer refugios dignos en los que las mujeres, sus hijas e hijos, las y los adultos mayores en riesgo de vivir violencia puedan acceder durante la cuarentena.
2. Facilitar y difundir los medios para denunciar la violencia de género, a través de mensajes de texto, páginas de internet o de estrategias en las farmacias, supermercados o cualquier otro establecimiento a los que sí se pueda acceder en caso de cuarentena.
3. Establecer células de reacción inmediata para atender eficazmente las denuncias y los casos de violencia de género.
4. Fortalecer las medidas de protección para las mujeres y niñas en riesgo.
5. Evitar la venta de alcohol, drogas, armas y cualquier otro detonante de la violencia de género durante los periodos de aislamiento.
6. Mantener activas todas las acciones y servicios necesarios para prevenir, atender, juzgar y sancionar la violencia contra las mujeres y las niñas.

A estas medidas, sumamos la necesidad de evitar los discursos que se aprovechan de la angustia social para generar miedo, estigma y desinformación -como aquellos de algunos líderes religiosos. Es importante afirmar que el COVID-19 es un asunto de salud pública y no está relacionado con castigos divinos vinculados con la orientación sexual el aborto o la eutanasia.

Desde CDD consideramos que esta coyuntura debe invitarnos a reflexionar sobre la manera de salvaguardar los derechos y libertades de niñas, jóvenes y mujeres; tarea que tiene que seguir siendo una prioridad después de esta crisis sanitaria.