A un año del asesinato de la activista trans chihuahuense, Mireya Rodríguez Lemus, en el interior de su hogar, después de varios días de desconocerse su paradero, familiares e integrantes de diversas organizaciones civiles locales y nacionales exigen la pronta resolución del mismo, después de que, ya hay una persona presuntamente responsable detenida.

Al respecto, Laura Hernández García, coordinadora del Consultorio Virtual Arturo Díaz Betancourt, quien sigue el caso, explicó que éste ya ha cerrado su instrucción, y la parte acusada, durante la audiencia intermedia, no aceptó llevar a cabo un juicio abreviado, sino que optó por uno ordinario que podría tomar de tres meses a dos años.

Derivado de lo anterior, la defensora de derechos humanos comentó que se han realizado una serie de diligencias para promover que el acceso a la justicia para Mireya tenga una perspectiva de derechos humanos y perspectiva de género, además de que no haya una revictimización de la víctima; se garantice el principio pro persona; se proteja a las víctimas indirectas, su familia y quienes le apoyaban en su labor de activismo; no se caiga en estereotipos y prejuicios y se tomen en cuenta las vulnerabilidades a las que estaba expuesta por ser mujer trans, defensora de derechos humanos y trabajadora sexual.

Hasta el momento, el crimen ha sido tipificado como homicidio por razón de género, siendo uno de los pocos casos que se han considerado como tales ante la agresión a una mujer trans.

Mireya fue fundadora de Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses A. C., promotora del Fondo Mundial para la Lucha contra el VIH/SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, integrante del Consultorio Virtual Arturo Díaz Betancourt y fundadora del Encuentro Estatal de Mujeres Trans en Chihuahua. Como parte de sus aportaciones están la emisión de la Recomendación 58/2016, por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, surgida a raíz de un operativo de salud arbitrario a varias trabajadoras sexuales, para prohibir a las autoridades del municipio de Chihuahua realizar operativos sanitarios arbitrarios y evitar que quienes ejerzan el trabajo sexual sean obligadas a aplicarse exámenes médicos sin su consentimiento.

Además, coadyuvó para la creación del Programa “Acceso integral a la salud y bienestar para las personas trabajadoras sexuales del municipio de Chihuahua”, que entre otros aspectos, eliminó los controles sanitarios para el ejercicio del trabajo sexual, promueve el cuidado de la salud de quienes ejercen el trabajo sexual y garantiza el acceso de quienes ejercen el trabajo sexual a servicio médico.